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CSICA exige la capacitación y la idoneidad de los equipos directivos. No entramos a valorar sus retribuciones, pero consideramos que sí que son responsables directos del clima laboral que se vive en la empresa y del estado anímico de los trabajadores y trabajadoras. Por ello, solicitamos que sean conscientes del cargo que ostentan y valoren todas estas cuestiones.

En el plano de la actualidad, desde BBVA han manifestado que se mantienen reuniones semanales con miembros del FROB para analizar la parte del negocio y de riesgos de Catalunya Banc, hasta que se formalice la operación de compra, prevista para enero de 2015. BBVA es una de las entidades que ha aprovechado la crisis y la reestructuración financiera para crecer vía adquisiciones (también compró Unnim).

Tras incorporar Catalunya Banc, espera alcanzar una cuota de mercado en España del 14,6%, para posteriormente aspirar a una cuota del 15% a finales de 2015 sin necesidad de nuevas adquisiciones. En este sentido, han garantizado su "permanencia absoluta" en Cataluña explica. BBVA espera que cuando se cierre la compra de la entidad catalana, tendrán más del 30 % del negocio de España en Cataluña, donde ven un alto potencial de crecimiento.

Y dos entidades entran en el “candelero” de los escándalos... Se trata nada más y nada menos que de 1.500 millones de euros presuntamente dilapidados en “sospechosas” operaciones inmobiliarias y societarias, realizadas mayoritariamente entre los años 2005 y 2008 en Catalunya Banc y Novacaixagalicia. En febrero de este año, el FROB anunció que revisaría con lupa la gestión en las cajas rescatadas.

El organismo detectó 90 operaciones susceptibles de ser investigadas, que incluían pago de comisiones, modificaciones de contratos de los directivos y préstamos dudosos vinculados al sector inmobiliario. Veintitrés de estas 90 operaciones sospechosas (16 de Catalunya Banc y 7 de Novacaixagalicia han sido ya remitidas a la Fiscalía para que determine las eventuales responsabilidades de administradores y directivos, así como la de terceros beneficiados por las mismas.

Y en el caso de las “tarjetas black”, las fianzas que se han impuesto a los implicados en el caso, no suponen distinta responsabilidad. En el caso de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, la cuantía de la fianza es la suma de los gastos contabilizados por el uso de las tarjetas opacas a lo largo de 10 años, más un 25% de esa cifra que es el máximo que la normativa permite imponer en ese tipo de posibles delitos. Las fianzas están repartidas entre Blesa y Rato en función de los gastos que se registraron mientras cada uno de ellos fue presidente ejecutivo de la entidad. De ahí la diferencia entre la solicitada a Rato, 3 millones, y a Blesa, 16. Pero esa diferencia no implica distinta gravedad en el posible delito sino simplemente que los tiempos en que fueron presidentes ejecutivos fueron distintos.