Blog

Ayer se ha celebrado el juicio contra Liberbank en la Audiencia Nacional para juzgar si el acuerdo laboral suscrito el 27 de diciembre entre la dirección de la empresa y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF se ajusta a la legalidad. La vista se ha celebrado a instancias de las Demandas de Conflicto Colectivo presentadas por CSICA y el Comité de Sucursales de Asturias.

CSICA se opuso desde el primer momento a las medidas acordadas por considerarlas “las más salvajes del sector”. Durante el transcurso del juicio, la postura de Liberbank se ha centrado en justificar los recortes salariales por motivos económicos, argumentando especialmente necesidades de incremento de capital, pese a que el ratio se situó a finales de 2013 en el 10,40%, muy por encima de lo exigido legalmente. Dado que el banco ha dado a conocer recientemente el cierre de 2013, CSICA ha tratado de refutar los datos contenidos en el balance y que nada tienen que ver con los contenidos al cierre de 2012.

El Sindicato encargó un informe económico a GBC Consultores para rebatir los argumentos de Liberbank, que ha sido defendido en el juicio por un experto de dicha firma, y del que se desprende que el banco está hoy por hoy en una mejor situación que los competidores de su entorno. En este informe, GBC ha tratado de refutar el entregado por la empresa que fue elaborado por Forest Partners, para hacer ver y clarificar al tribunal la situación económica real de la empresa en estos momentos. La propuesta del banco para el último acuerdo laboral presentaba medidas que suponían el doble del impacto aprobado por su consejo y casi cinco veces más que el consentido por Bruselas. Algo que consideramos “intolerable”. En el informe de GBC Consultores se constata, tal y como indicamos, que la solvencia de la entidad se sitúa muy por encima de lo exigible desde el punto de vista regulatorio, y así se plasma en sus comunicados a la CNMV. A este organismo, Liberbank le ha calificado su posición como de “baja morosidad”, situándose 3 puntos por debajo de la media. Y en cuanto a la eficiencia, el ratio demuestra que el banco, en sus dos años de existencia ha conseguido situarse por delante de la media del sector, situándola en el 48%. 

El Fiscal, en su escrito de conclusiones provisional, tras conocer todas las pruebas presentadas en el juicio, ha manifestado que posiblemente podría haber indicios de una posible violación de derechos fundamentales de los sindicatos no firmantes del acuerdo, entre los que se encuentra CSICA, dado que de nuevo la empresa mantuvo una negociación paralela con los sindicatos firmantes, obviando al resto y, además, fuera de Mesa.

CSICA ha solicitado que se declaren nulas las medidas acordadas y se condene a la empresa a reponer a los trabajadores las condiciones y la situación previa a la aplicación de las medidas que se impugnan.

En otro orden de cosas, el comienzo del proceso de privatización de Bankia está siendo un éxito. Parece ser que varios inversores internacionales han confirmado su interés por la entidad nacionalizada. La buena marcha de sus títulos en Bolsa, la vuelta a los beneficios en 2013 y la favorable acogida que tuvo la emisión de 1.000 millones de deuda en el mercado, han contribuido a crear más interés. Además, las ventas de varias participadas explica en buena parte la mejora de la eficiencia del grupo.

En cuanto a los procesos judiciales abiertos en el sector bancario, la Audiencia Nacional juzgará en los próximos meses a los exdirectivos de tres de la cajas de ahorro investigadas por irregularidades en su gestión. Los primeros en sentarse en el banquillo, serán el ex director general de Caixa Penedés, Ricard Pagès, y los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas por cobrar pensiones millonarias sin la autorización y el control de los órganos de control. Por su parte, el juez Javier Gómez Bermúdez dictó el pasado 18 de febrero la apertura de juicio oral contra el ex director general de la CAM Roberto López Abad y el expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés por fomentar el cobro de dietas abusivas y participar en la concesión de préstamos irregulares. 

En cuanto a Novacaixagalicia, también se ha dado el primer paso para juzgar a cinco exdirectivos, entre los que se encuentra su expresidente Julio Fernández Gayoso, por el cobro supuestamente indebido de casi 19 millones en prejubilaciones. Además serán juzgados otros cuatro antiguos directivos de la caja por presuntos delitos de apropiación indebida y, alternativamente, estafa, al asignarse prejubilaciones millonarias pese a la "dificilísima" situación que atravesaba la entidad. Se trata del que fuera director general de Novacaixagalicia, José Luis Pego; el exdirector general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; el exresponsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán, uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada y el abogado Ricardo Pradas, un experto en derecho laboral que asesoró a la entidad gallega. Desde CSICA informaremos de cómo transcurran todos los procesos.