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Desde CSICA sospechamos que en el proceso de reestructuración de Catalunya Banc ha habido intereses políticos o errores de las autoridades económicas que han querido taparse. Por ello, denunciamos la falta de transparencia en la actuación del Banco de España en la fallida subasta y reestructuración de la entidad. 

Las consecuencias de esta situación podrían ser dos. Una, la liquidación de Catalunya Banc como resultado de una incontrolable fuga de depósitos, de la desmotivación de la plantilla y de un conflictivo descontento laboral. Y dos, la configuración de un banco reducido, y atractivo, para grandes grupos financieros; en este caso, se habría tratado de una operación sustentada sobre la “socialización” de las pérdidas y la “privatización” de los beneficios.

En CSICA auguramos el despido de 2.600 trabajadores y el cierre de hasta 600 oficinas en tres años.

En definitiva, pedimos la retirada del Plan de Reestructuración por varios motivos: no se sostiene en razones económicas, ocasiona un grave quebranto económico y social, resulta injusto con la plantilla, oculta intereses o motivaciones espurias, no cuestiona una evidente mala gestión, obvia la abdicación de la responsabilidad social del FROB y no genera las investigaciones precisas sobre el papel jugado tanto por el regulador como por los gestores. 

Por si esto no fuera suficiente, los contribuyentes hemos soportado los costes del procedimiento, tras una inyección económica de 12.000 millones a los que hay que sumar los 6.700 millones de activos tóxicos traspasados al SAREB.

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