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Parece ser que esta misma semana se abrirá la subasta de Catalunya Banc. A priori, parece ser que la banca nacional, sólo está dispuesta a pujar por la entidad catalana si el Gobierno concede un nuevo paquete de ayudas. Los bancos interesados han trasladado al Gobierno estas intenciones durante las últimas semanas. 

A pesar de que se está “adelgazando” la entidad, los futuros compradores quieren protegerse ante el deterioro de Catalunya Banc en estos últimos años. La subasta arrancará con mucho retraso sobre el calendario que manejaba el FROB al cierre del pasado ejercicio. Tras la venta de Novagalicia, el fondo de rescate confiaba en una apertura rápida del proceso. Incluso confiaba en que el proceso estuviese resuelto a lo largo del primer trimestres. Ahora, el ministro Luis de Guindos asegura que se privatizará antes del verano.

En septiembre del pasado año, La Caixa trasladó que estaba dispuesta a hacerse cargo de Catalunya Banc a cambio de 2.500 millones entre ayudas fiscales y esquemas de protección, justo el doble de lo que solicitaban Santander y Popular. BBVA no parece muy dispuesto a entrar en la puja, al tener una cuota de negocio relevante en Cataluña tras la compra de Unnim. Sabadell, por su parte, se ha autodescartado.

En lo referente al territorio “Legacy”, Catalunya Banc parare ser que esta semana prevé definir qué oficinas venderá y cuáles cerrará de su red fuera de Cataluña. La entidad ha ido reduciendo su red fuera de su territorio de origen hasta menos de 150 sucursales y ya tenía previsto cerrar otras 46, de forma que quedan unas 90. El FROB está analizando diversas ofertas vinculantes para esta red, de la que Catalunya Banc debe desprenderse por mandato de Bruselas tras las inyecciones de dinero público recibidas. De momento, podrían estar interesados Banco Popular, Apollo (EVO Banco) y varios fondos de inversión

Por otra parte, hemos conocido que la Audiencia Nacional inicia hoy el juicio contra cuatro exdirectivos de Caixa Penedès acusados de haberse adjudicado pensiones por 31,6 millones mediante pólizas que contrataron a espaldas de los órganos de control de la entidad. La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para el exdirector general, Ricard Pagès. Además, solicita tres años para los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas. El ministerio fiscal reclama a todos ellos, además, que devuelvan las cantidades percibidas fraudulentamente y que se les inhabilite para el ejercicio de cargos directivos en el sector bancario. CSICA considera que se deben castigar todo este tipo de actuaciones fraudulentas.