Blog

Se preveía que este 2016 iba a ser año de fusiones, pero la inestabilidad política unida a las convulsiones económicas ha retrasado el proceso de agrupaciones bancarias hasta el próximo ejercicio.

La opinión generalizada del sector es que no se producirán nuevas uniones entre entidades hasta 2017; incluso, algunos expertos estiman que no será hasta bien avanzado el año que viene.    

Los movimientos bursátiles, el Brexit o las dificultades por las que atraviesa la economía italiana son factores muy a tener en cuenta. A estos hay que sumar la incertidumbre política en nuestro país tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y las del pasado 26 de junio.

A la espera de ver cuándo se producen, lo que parece claro es el resultado del proceso de fusiones: en España quedarán diez o doce grandes grupos. Al menos, ésa es la sensación común en el sector. De cumplirse este pronóstico, supondrá una drástica reducción en el número de bancos, si tenemos en cuenta que al inicio de la crisis había 60 entidades.

Cuentas canceladas. Hace poco más de un año, los bancos empezaron a pedir a sus clientes el DNI. Pues bien, en la actualidad se ha cancelado más de un millón de cuentas por no cumplir este requerimiento al no presentar el Documento Nacional de Identidad, según publica la prensa especializada, aunque no hay datos oficiales al respecto. El dinero ingresado en esas cuentas canceladas quedará en custodia durante 20 años; si pasado ese tiempo los titulares no lo reclaman, se depositará en la Agencia Tributaria.

CaixaBank y BPI. Entramos en una semana decisiva para el futuro del portugués BPI. En abril CaixaBank presentó una OPA sobre el banco luso, y, tras muchos vaivenes, este viernes BPI decidirá si levanta los límites de voto, condición indispensable para que la oferta siga adelante. 

Supervisión bancaria. El Banco de España ha publicado un proyecto de circular para ceder definitivamente el testigo de la supervisión bancaria a las mayores entidades financieras al Banco Central Europeo. Con esta propuesta, con la que adaptará sus competencias a la normativa europea, el ámbito de control del BdE se reducirá a bancos, cajas y cooperativas de menor tamaño.