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El entorno de Liberbank está que arde. La Fiscalía ha abierto formalmente una investigación para esclarecer si dos miembros de la cúpula de Liberbank que cobran a la vez prestación por desempleo, han cometido sendos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. 

Liberbank presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al que se acogieron 1.227 empleados. El ex director de los servicios jurídicos, Jesús María Alcalde, y la directora del Área de Servicios Corporativos, María Encarnación Paredes, aprovecharon la circunstancia para acogerse y prejubilarse, lo que, según fuentes de Liberbank, les obligaba como al resto a apuntarse a la lista del paro. 

El mismo 23 de enero, cuando oficialmente ya estaban en el paro, fueron nombrados miembros del Consejo de Administración. El presidente de Liberbank consideró idóneo incorporar a la cúpula a dos veteranos ex directivos con experiencia. Según la denuncia, puede haber un delito fiscal. Las diligencias están abiertas y veremos cómo evoluciona el caso. Desde CSICA consideramos inadmisible esta situación, y si se demuestra que hay delito, confiamos en que la justicia actúe con todo el peso de la Ley. 

En lo que se refiere a Catalunya Banc, la ruptura del acuerdo de venta de su inmobiliaria al consorcio formado por los fondos Kennedy Wilson y Värde Partners, parece que podría retrasar la futura privatización de la entidad nacionalizada, que esta prevista para antes del verano. Hasta que no se ate este cabo, el proceso estará en “stand by”. 

El pacto suponía el traspaso de la plataforma, la cesión de la gestión de los 2.104 millones en activos inmobiliarios y, mientras Sareb mantenga la subcontrata, la comercialización de los 6.596 millones que se traspasaron al banco malo, por un precio de entre 35 a 60 millones en función de los resultados. 

En cuanto al proceso de fusión entre Unicaja y CEISS, aunque el FROB ha manifestado que la operación está cerrada, todavía podría haber alguna sorpresa. Se podría dar el caso de que el colegio de comisarios se demore más allá del 31 de marzo o que no apruebe esas ayudas adicionales porque España no las pidió cuando podía haber llegado hasta 100.000 millones. Desde CSICA informaremos de todos los avances que vaya surgiendo en torno a esta operación.