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Esta semana nos hemos encontrado con una de cal y otra de arena. 

En la parte positiva, Banco Popular ha anunciado la rebaja en algo más de un 10% de los recortes de personal previstos; ese porcentaje se traduce en 300 puestos de trabajo menos afectados por el ERE, con lo que la cifra de empleos inmersos en el Expediente de Regulación de Empleo quedará en 2.592 y no en los 2.900 planteados inicialmente. La empresa ofrece 28 días por año y 15 mensualidades en sus bajas incentivadas.

En el lado negativo, BBVA ha adelantado que cerrará un centenar de oficinas antes de fin de año y que suprimirá 400 puestos de trabajo más que se sumarán al ajuste por la integración de Catalunya Banc. En total, la entidad terminará el ejercicio con 2.000 trabajadores menos. El consejero delegado, Carlos Torres, argumenta este nuevo ajuste de plantilla por la gestión ordinaria del banco y el esfuerzo por controlar los costes. Y, a mayores, anunció nuevas medidas en esta línea para 2017, aunque no concretó cifras ni propuestas al respecto. Sí avanzo que las prejubilaciones serán la vía para gestionar la desaparición de los 400 empleos que reducirá antes de 2017.

Liberbank ha puesto en marcha su nuevo modelo de oficinas franquiciadas en zonas rurales. Tras la experiencia puesta a prueba en Asturias, comenzará a operar con agentes financieros en más de un centenar de sucursales de pequeñas poblaciones entre mediados de noviembre y final de año.

La fortaleza de Abanca, así como la reducción de riesgos de la entidad, han sido factores clave valorados por la agencia de calificación Standard and Poor’s que ha elevado su perspectiva de estable a positiva. S&P considera que Abanca está progresando y que su estrategia empresarial está dando frutos.

Mientras el futuro del sector está pendiente de próximas fusiones, cierres de oficinas, recortes de personal, adaptación a los retos tecnológicos, condiciones económicas nacionales e internacionales e, incluso, la situación política, entre otras circunstancias, el Círculo de Empresarios pide aumentar la edad de jubilación y bajar las prestaciones para garantizar las pensiones a medio plazo.