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Comenzamos la semana hablando de la subasta de NCG. Y es que parece que tanto los bancos como los fondos interesados en la entidad nacionalizada han incrementado su presión sobre el FROB. La recta final de este proceso está llena de tensiones. 

Parece ser que el FROB está flexibilizando su postura y ha abierto la puerta a conceder ayudas públicas a los fondos en forma de EPA (esquema de protección de activos). El favorito para hacerse con NCG era el fondo norteamericano Guggenheim, y ante ésto, los bancos interesados están presionando al límite para contrarrestar esta situación. Piden una subasta “limpia” y consideran que solamente una entidad financiera podría garantizar la viabilidad de la gallega. Además, los bancos interesados siguen manteniendo su oferta de hacerse también con Catalunya Banc. Veremos hasta dónde llegan estas presiones. Desde CSICA esperamos trasparencia en el proceso de adjudicación y un futuro de continuidad para todos los trabajadores de NCG. 

En cuanto al proceso de fusión entre Unicaja y CEISS, conocemos que la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) impugnará judicialmente la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a la operación y al folleto de emisión de Unicaja por los “abusos intolerantes contra los más de 35.000 preferentistas”.  Adicae afirma que ésta es la primera vez que una entidad condiciona la posibilidad de la “mediación” a la aceptación del canje, circunstancia que consideran “injusta e incomprensible”. El director general del FROB, Antonio Carrascosa, presentó la pasada semana la alternativa de solución a los afectados por preferentes y subordinadas de Caja España-Duero, pero Adicae tacha el canje ofrecido es “fraudulento”.

Por último, ayer domingo 1 de diciembre entraba en vigor el decreto-ley por el que el Estado avalará 30.000 millones de euros en activos bancarios para garantizar que la solvencia de las entidades españolas no se reduce al aplicar las nuevas reglas internacionales que entrarán en vigor el próximo enero. En concreto, el real decreto asegura el aval estatal a una parte de los denominados activos fiscales diferidos, que hasta ahora los bancos han incluido como capital de máxima calidad, pero que Basilea III exige que dejen de contabilizarse así a partir de 2014.

Estas son algunas de las noticias más relevantes con las que abrimos la semana. Desde CSICA estaremos pendientes de informar sobre todos los asuntos más importantes que vayan surgiendo en los próximos días.