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Se retiran los horarios especiales en Caixabank - Aprobado de la banca española en los test de estrés - La banca frente a un escenario adverso

Lunes, 1 de agosto de 2016  
Se retiran los horarios especiales en Caixabank - Aprobado de la banca española en los test de estrés - La banca frente a un escenario adverso

El pasado viernes se firmó un Plan Laboral en Caixabank dirigido a optimizar las plantillas, principalmente de Madrid, Sevilla y desplazados con origen de determinadas provincias donde hay excedente, aunque la entidad ha aceptado la propuesta del SECPB de ampliar a otros territorios excedentarios en caso de no alcanzar la dotación presupuestaria establecida por la Entidad con estas dos provincias. El Plan incluye medidas voluntarias de extinción laboral, extinción laboral con recolocación en empresas del grupo y excedencias incentivadas.


En dicho encuentro, se consiguió que la dirección renunciara por fin a abrir 450 oficinas de mañana y tarde. SECPB dijo NO y de momento se ha retirado la propuesta de la mesa de negociación. No obstante, la dirección continúa sin esconder cuáles son sus pretensiones, y quiere retomar después del verano conversaciones sobre el tema de horarios. Además, se ha quedado pendiente de negociar un programa de prejubilaciones para que toda la plantilla de la red, que cumpla las condiciones acordadas, pueda acogerse a la desvinculación incentivada.


En el panorama bancario europeo, la EBA ha reconocido los esfuerzos de la industria financiera continental por reforzar su capitalización. Los seis bancos españoles que participaban en el ejercicio superaron el examen. Banco Popular fue la entidad española que pasa el examen de manera más ajustada, al presentar una ratio del 6,62%.


Criteria presentó una ratio del 7,81% tras someterse al estrés del ejercicio. CaixaBank ha realizado una simulación interna aplicando los mismos criterios de la EBA que le otorgan en el escenario más estresado un ratio regulatorio del 9,8% y del 8,5% fully loaded. Sabadell se quedaría en el 8,04%, mientras que BBVA estaría en un 8,19%, Santander en el 8,2% y Bankia en el 9,58%. Estas ratios tienen en cuentas las normas sobre la contabilización de capital que estarán en vigor en 2018. En definitiva, la media de los bancos españoles sería del 8,6%, según la EBA.


En un escenario adverso, en un plazo de 3 años, la banca española sufriría importantes caídas.  Los seis grandes bancos españoles sufrirían una pérdida entre 2016 y 2018 de 3.423 millones de euros. El mayor golpe sería para BFA Bankia y Popular. con pérdidas acumuladas en sus respectivas cuentas de resultados de 1.512 millones y 1.366 millones de euros respectivamente. La pérdida para Sabadell sería de 518 millones en ese período de tres años y para Santander, de 998 millones. Por el contrario, BBVA salvaría su cuenta de resultados con un beneficio de 183 millones y Criteria, de 788 millones.


En otro orden de cosas, hemos conocido datos del Banco de España que reflejan que la deuda de las familias residentes en España con las entidades financieras aumentó el 1% en junio en comparación con el mes anterior, hasta los 724.111 millones de euros, el primer repunte desde noviembre de 2015. Según los datos provisionales publicados por el BDE, el saldo de los créditos concedidos a los hogares lleva prácticamente estancado desde noviembre de 2015, cuando sumaba 733.564 millones de euros, y desde entonces ha ido bajando muy poco a poco, salvo este mes de junio.


Por último, en el ámbito hipotecario, El Ministerio de Economía ha publicado el anteproyecto de la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario con el que limita las comisiones y las remuneraciones de los prestamistas inmobiliarios, entre otras medidas. Entre las más relevantes se encuentra la limitación de las comisiones por amortización anticipada de la hipoteca. Además la comisión por cancelación o amortización anticipada no podrá superar el 0,25% en los cinco primeros años o el 0,5% en los tres primeros; la entidad tendrá que elegir entre una y otra opción. La normativa, que estará en audiencia pública hasta el 15 de septiembre, supone la transposición de una directiva europea, que pretende dotar de más transparencia a los contratos.