Las empresas de más de 50 empleados deberán incorporarlo en un plazo de tres meses en sus convenios colectivos
Incluye formación concreta para evitar la discriminación de este colectivo, también en los procesos de selección
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que desarrolla el reglamento contra el acoso en el trabajo del colectivo LGTBI. La norma, acordada con sindicatos y patronal en junio y enmarcada en la 'Ley Trans' aprobada hace un año, obligará a las empresas de más de 50 empleados a contar con medidas para garantizar la igualdad de trato y la no discriminación.
"Es una norma que habla de derechos fundamentales", ha señalado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha agradecido a los agentes sociales alcanzar este acuerdo, el número 20 de manera tripartita entre sindicatos, patronal y Ejecutivo.
"Con esta norma lo que hacemos es llevar la democracia a las empresas y acabamos con una de las formas más agresivas de discriminación en nuestro país", ha señalado Díaz refiriéndose a la vivida por el colectivo LGTBI. Como ha recordado, cuatro de cada diez personas 'trans' son expulsadas en los procesos de selección laboral.
Así, el real decreto contiene varias medidas para lograr la igualdad y no discriminación LGTBI en las empresas y, también, un protocolo ante situaciones de acoso por orientación sexual e identidad y expresión de género.
Las empresas de más de 50 trabajadores tendrán que negociarlo en tres meses
Tendrán que aplicarlo las empresas de más de 50 trabajadores, que deberán empezar a negociar estas medidas en un plazo de tres meses —seis meses si no tienen un convenio colectivo— desde el día siguiente a la publicación de la norma. Las compañías con 50 trabajadores o menos podrán negociarlo de forma voluntaria.
El protocolo contra el acoso al colectivo se aplicará a toda su plantilla de la compañía y también a quienes soliciten un puesto de trabajo, al personal de puesta a disposición, a proveedores, clientes y visitas, entre otros.
Con este decreto ley, como ha recordado, se traslada a la normativa española —y especialmente al ordenamiento laboral— el derecho de igualdad reconocido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, la Convención Europea de Derechos Humanos y la Directiva 2000/78/CE del Consejo para fijar un marco de igualdad en el trato en el empleo. Asimismo, se persigue el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10 para reducir las desigualdades.
Cuando la norma entre en vigor, los convenios o acuerdos colectivos tendrán que recoger cláusulas para crear un contexto favorable a la diversidad que deberán hacer una referencia expresa no solo a la orientación sexual e identidad de género, sino también a la expresión de género y a la diversidad familiar.
"Les vamos a exigir que se sienten a negociar e incorporen en sus empresas medidas que eviten lo que hoy está pasando en nuestro país", ha remarcado la ministra de Trabajo, refiriéndose a la discriminación vivida todavía por el colectivo la sociedad.
Además, las empresas también deberán integrar en sus planes de formación módulos concretos sobre los derechos de las personas LGTBI. Como ha incidido Díaz, el personal dedicado a la selección también tendrán que tener una "formación específica" en este asunto, sin excluir los algoritmos que se utilizan. El objetivo es, según la ministra, "garantizar el empleo sin sesgos y sin discriminaciones".
Asimismo, los convenios colectivos de las empresas tendrán que recoger medidas que atiendan a la realidad de las familias diversas, cónyuges y parejas de hecho del colectivo LGTBI. "Vamos a tener discriminación positiva con toda la diversidad de familias de nuestro país, con todos los permisos que necesiten", ha destacado la ministra, que también ha indicado que articularán un "plan de acompañamiento" para las personas trans en el seno de las empresas.
Sanciones y el papel de Inspección de Trabajo
Por otro lado, los convenios deberán incluir como sanciones "muy graves" los ataques a la libertad sexual de los trabajadores, y la Inspección de Trabajo estará dotada para vigilar el cumplimiento y sancionar en los casos pertinentes.
Como ha expresado la titular de Trabajo, hay un anexo en la norma que indica que, si una empresa no negocia estas condiciones en el plazo de tres meses, se va a aplicar con carácter supletorio en todas las empresas, es decir, se pondría en vigor en defecto de otra norma.